EL ACUERDO TRANSATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIÓN (TTIP): UNA AMENAZA A NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES.

– ¿Qué es el TTIP?

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Desde el año 2013 se está negociando entre EEUU y la UE la firma de un tratado de libre comercio denominado TTIP (siglas en inglés de Acuerdo Transatlántico de Comercio y la Inversión). Si entra en vigor ese tratado, afectará la mitad del PiB mundial, y podría tener un importante papel en definir el futuro del comercio en todo el planeta.

Este tratado se está negociando con el más alto secreto, de tal manera que sólo han trascendido al público algunos de sus objetivos. Lo que sabemos, pero, es de lo más preocupantes. Con todo, algunos expertos prefieren hablar de sus ventajas potenciales.

– Ventajas hipotéticas; riesgos muy graves.

Estas ventajas tienen que ver con el estímulo al comercio global, las políticas de inversiones, la eliminación de barreras innecesarias (arancelarias o de otro tipo), etcétera. Determinados sectores económicos y de opinión descalifican cualquier signo de desconfianza o recelo ante tantas bondades del TTIP y tildan a quienes la expresan de ilusos, adanistas (curioso insulto de reciente cuño) o «perroflautistas». Pero los ciudadanos tienen derecho a que no se les hurte un debate en el que les va su vida y la de sus hijos y nietos. Y este debate brilla por su ausencia. La mayoría de críticas bien construidas no se centran en negar la utilidad de un tratado, ni su necesidad en un mundo cada vez más convulso. Se centran en el cómo del debate, su opacidad, su falta de transparencia, en el modo en que el Parlamento Europeo está haciendo oír su voz (con nulo éxito en el seno de la UE).

Los potenciales riesgos de dicho tratado son graves. En primer lugar se amenaza la soberanía nacional de los Estados en materia de justicia, se permitirá a las grandes empresas liberarse de la normativa nacional y los Tribunales nacionales. Cualquier controversia entre Estados y empresas se resolvería mediante un ISDS (Investor State Dispute Settlement, ISDS, por sus siglas en inglés). Eso significa un Acuerdo de Disputa entre Inversor y Estado. ¿Qué significa ese trabalenguas? Pues que si una empresa considera que una norma emitida por un Ayuntamiento, un gobierno autonómico o incluso un Gobierno nacional puede restringir sus ganancias presentes o futuras, o sus intereses comerciales, puede reclamar daños y perjuicios al Estado.

Ello significa que por ejemplo si España dicta una norma para limitar los ruidos, para evitar que se vendan productos alimentarios peligrosos, para limitar la contaminación de los aviones, etc. y ello le supone un coste a una empresa, el Estado tiene que indemnizarla. Aunque la empresa esté actualmente contaminando, vendiendo productos en mal estado, etc.

¿Quién decidirá si el Estado es “culpable” o no de querer que se cumplan sus leyes y decretos? No un tribunal público como por ejemplo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sino un ente privado, que se creará expresamente, y que estará formado por tres abogados designados por firmas internacionales de reconocido prestigio, y cuya decisión no se podrá recurrir ante ningún tribunal nacional.

Un ejemplo: actualmente una empresa energética sueca, Vattenfall, ha demandado el Gobierno alemán por su política de eliminar la energía nuclear. Es una demanda por cientos de millones de euros. Si estuviera ya en vigor en TTIP, y contuviera alguna cláusula, por generalista que fuera, a la protección de las inversiones privadas, Vattenfall tendría derecho a cobrar dicha indemnización. Y cualquier Estado se lo pensaría muy mucho antes de cualquier acción que le pudiera suponer una reclamación multimillonaria de una multinacional, y una condena casi segura y no recurrible por ISDT. Es decir cualquier gobierno o parlamento deberá pensar, a partir del TTIP, no sólo en el beneficio social, económico, humano o ambiental antes de aprobar una ley, sino en el coste económico que le puede suponer.

Por tanto a primera vista, y sin conocer más detalles de un tratado que es máximo secreto, podemos decir que el Estado que la firme está renunciando a la división de poderes clásica. Es decir, el poder judicial, que debe garantizar el cumplimiento de la Constitución y los principios europeos sobre el poder ejecutivo y el poder legislativo, queda ahora supeditado a un ente privado, el ISDS, que no está sometido a su control y que puede sancionar al ejecutivo o al legislativo si se pasa de la raya y, con alguna ley o decreto, aunque sea municipal, le causa una pérdida económica.

– La negociación en secreto de tratados vulnera el ordenamiento europeo.

Como decimos este tratado se ha negociado en secreto en su mayor parte. Solo a partir que se filtrara parte de su contenido en marzo de 2014 ha empezado a hablarse de él. Y solo en el presente año se han dado a conocer, desde instancias comunitarias, algunos de los aspectos que incluirá dicho tratado. Ello se podría considerar incumplir los principios de publicidad y transparencia de las normas comunitarias. Por no hablar del principio de participación social.

Por esos principios la opinión pública debería conocer por lo menos el objeto de cada punto del tratado y posteriormente debería someterse a información pública el borrador. De la forma en que está actuando la Unión Europea, parece que la mayoría de puntos ya estarán decididos antes de hacerse públicos.

Debe recordarse así mismo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en varias sentencias, ha declarado que son nulas las normas comunitarias que no se hacen públicas. Es doctrina común en los sistemas constitucionales de los Estados miembros (pensemos en el art. 9.3 de la Constitución española)  la publicación de aquellas normas de diferente naturaleza que obligan jurídicamente a los particulares. (Sentencia C-345/06 Caso Heinrich)

– Un informe encargado por el Parlamento Europeo demuestra los peligros del TTIP.

Si bien el secretismo en que se desarrolla el tratado ya despierta sospechas, justificadas, de falta de transparencia democrática incompatible con los principios comunitarios, lo que ha hecho saltar las alarmas es los efectos sobre la Unión Europea.

Así el Parlamento Europeo encargó un informe al Instituto Ecológico, sobre los impactos potenciales del TTIP en tres puntos:

  • Impacto sobre las normas sobre medio ambiente
  • Impacto sobre las regulaciones sobre calidad de los alimentos.
  • Impacto sobre la potestad de la Unión Europea a regular esas materias.

La conclusión del Instituto es que el TTIP no contribuirá a hacer más harmónicas y efectivas las regulaciones ambientales y alimentarias. Tampoco frenará la libertad de los estados de regular a su antojo cualquiera de esos aspectos, ni creará normas comunes para medio ambiente de ambas partes.

La experiencia que se tiene de tratados de libre comercio e inversión (por ejemplo el tratado de libre comercio entre Canadá, EEUU y México), hace creer que en realidad el TTIP busca justamente lo contrario: permitir a las grandes multinacionales evadirse de la aplicación de las normas y tratados sobre esas materias.

Actualmente, en materia de medio ambiente, las normas de medio ambiente y alimentación son mucho más restrictivas en la Unión Europea que en EEUU. Por ejemplo en las áreas de industria química, emisiones de aviones, carne de aves criadas con hormonas, reciclaje, etc, la UE ha reconocido que existe un riesgo para la salud humana y el medio ambiente y ha creado reglamentos y directivas para prevenirlos. Pero es que en EEUU, ante la misma situación se ha elegido o bien no aceptar que hay un peligro (piénsese por ejemplo en el cambio climático), o en lugar de leyes dictar guías voluntarias que las empresas siguen o no. Según su elección.

Con ese tratado lo que se intentará es traspasar ese “estilo americano”, en el cual tú aplicas las normas de salud y seguridad si te conviene, a la Unión Europea.

El Instituto termina su informe previniendo al Parlamento Europeo contra la aprobación del TTIP. Y recomendándole que mire con lupa cada línea de ese tratado, pues puede causar un daño importante a la normativa sobre medio ambiente y salud.

– El TTIP contradice el ordenamiento europeo.

Cualquier regulación internacional que permita a las empresas internacionales considerar inválidas las acciones de la UE o reclamar daños a la UE por simplemente aplicar su normativa suele considerarse nula y sin efectos. Por ese motivo el Tribunal de Justicia de la UE ha considerado nulas varias normas de la Organización Mundial de Comercio cuando se han querido usar de esa forma. Y eso pese a que la mayoría de miembros de la UE lo son también de dicha Organización.

Por otro lado el Artículo 82 del Tratado de la Comunidad Europea dice que será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. Y es evidente que el TTIP se está consiguiendo que cualquier empresa, europea o americana, que pueda acogerse a sus cláusulas, tendrá una ventaja injusta no sólo sobre sus competidores, sino sobre los mismos Estados.

– En conclusión.

Tanto juristas como la Asociación de Jueces para la Democracia como políticos del Parlamento Europeo han considerado que la firma del TTIP supone para los Estados europeos renunciar a una parte importante de su soberanía nacional. Les supone, en parte, renunciar a su independencia para poner por encima de ellos entes privados como el ISDT. Entes que estarán no a su servicio o al de sus ciudadanos, sino al de un tratado económico que beneficia principalmente a las grandes empresas transnacionales. Esta por ver aún si el TTIP tendrá efectos económicos positivos o no. Si mejorará la competencia o si creará empleos o beneficios. Lo que si está claro, con la poca información que tenemos de su contenido, es que puede dejar gran parte de la legislación que nos protege sin efectos.

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